Google y Apple son las putas de la UE

Una notificación cualquiera

Ayer estaba haciendo lo de siempre: trabajando en mis proyectos, revisando algunas cosas en Google Play Console y asegurándome de que todo estuviera en orden. Nada especialmente interesante. Otra tarde cualquiera trabajando en software, ocupándome de esas tareas habituales de desarrollador de las que nadie habla hasta que algo deja de funcionar.

Entonces vi una notificación.

Google me estaba pidiendo que me clasificara como comerciante o no comerciante (Trader / Non-Trader). Bueno, pensé, tiene sentido. Entiendo que necesiten saberlo. Si estás vendiendo algo de forma comercial, debería existir alguna manera de identificarte como empresa o profesional. Nada especialmente polémico.

Pero decidí investigar un poco más qué implicaría declararme comerciante. Y ahí es cuando la cosa empezó a ponerse interesante.

Uno de los requisitos me llamó especialmente la atención: mi dirección postal podía mostrarse públicamente en Google Play.

Volví a leerlo. Mi dirección. Pública. A disposición de cualquiera.

Y es que no tengo una oficina corporativa en algún lugar de Barcelona, un edificio comercial registrado ni unas instalaciones independientes desde las que desarrollar mi actividad. Soy un desarrollador independiente. Trabajo desde casa y mi casa es también donde desarrollo mi software. Ambas cosas no están precisamente separadas.

Así que, naturalmente, empecé a preguntarme qué pasaría si decidiera comercializar mi trabajo. ¿Tendría que hacer público el lugar donde vivo simplemente para distribuir una aplicación a través de Google Play?

Por el momento, me declaré no comerciante, algo que refleja mis circunstancias actuales. Eso no significa que necesariamente vaya a mantener esa condición. Si mis proyectos crecen y empiezo a operar comercialmente, tendré que revisar la situación. Pero todo aquello me dejó una pregunta bastante incómoda: ¿por qué convertirse en un desarrollador independiente legítimo y exitoso podría exigir publicar tu domicilio en todo internet?

Entonces abrí Reddit

Quería saber si aquello era simplemente un problema de implementación por parte de Google o si otros desarrolladores se habían encontrado con la misma situación. Así que empecé a revisar Reddit, especialmente las conversaciones entre desarrolladores independientes que estaban lidiando con los mismos requisitos de verificación comercial.

No tardé demasiado en encontrar personas planteando preocupaciones similares.

Desarrolladores de distintos países cuestionaban la posibilidad de que sus domicilios aparecieran públicamente, hablaban de las implicaciones para su seguridad personal y se preguntaban por qué operar un negocio legítimo de software debía implicar exponer sus viviendas privadas. Algunos estaban preocupados por el acoso, otros por sus familias y otros simplemente no entendían por qué no existía una alternativa más razonable.

Lo que inicialmente parecía un inconveniente aislado en mi panel de desarrollador resultó formar parte de una conversación mucho más amplia.

Y probablemente ese fue el momento en el que dejé de verlo como otro requisito de Google Play. Había personas experimentando frustraciones similares en toda la comunidad de desarrolladores, intentando desenvolverse en un sistema que parecía distinguir muy poco entre una persona independiente que trabaja desde casa y una empresa consolidada con instalaciones comerciales propias.

Me llamó especialmente la atención que el problema no fuera necesariamente un rechazo a la verificación. La mayoría de las conversaciones giraban en torno a algo mucho más sencillo: ¿por qué verificar a un comerciante tiene que implicar hacer pública su información residencial?

Aquella pregunta terminó llevándome más allá de Reddit y Google Play Console. Me llevó hasta la legislación que hay detrás de ese requisito.

Bruselas entra en escena

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, conocida como Digital Services Act o DSA, establece en su artículo 30 obligaciones de trazabilidad para los comerciantes en determinadas plataformas en línea que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia.

El razonamiento es relativamente sencillo. Los consumidores deben poder identificar a las empresas a las que compran. Las plataformas deben recopilar información relevante y poner determinados datos a disposición de los usuarios, contribuyendo así a prevenir actividades fraudulentas y garantizar la responsabilidad comercial.

Y, sinceramente, no estoy en desacuerdo con ese objetivo.

Si alguien vende software, productos o servicios, los consumidores deberían tener alguna manera de saber con quién están tratando. Nadie quiere un mercado lleno de negocios anónimos que puedan desaparecer de un día para otro después de quedarse con el dinero de sus clientes.

Sin embargo, legislación e implementación son dos cosas diferentes.

El artículo 30 establece requisitos relativos a la identificación de comerciantes y a la disponibilidad de determinada información. Eso no significa que cada detalle del proceso de verificación de Google esté dictado palabra por palabra desde Bruselas. Google sigue tomando decisiones sobre cómo implementar esas obligaciones en su plataforma, incluyendo cómo se recopila, verifica y presenta la información.

Esta distinción importa porque significa que la responsabilidad no puede trasladarse simplemente de una parte a otra.

Google gestiona el mercado y determina buena parte de su implementación práctica. La Unión Europea establece el marco regulatorio dentro del cual opera ese mercado. Ambas partes tienen un papel en el resultado y ambas deberían estar dispuestas a examinar si lo que están haciendo es proporcional.

La misma conversación general puede aplicarse a Apple y a su ecosistema de desarrolladores. Ambas compañías controlan infraestructuras de distribución fundamentales para llegar a enormes cantidades de consumidores. Para los desarrolladores independientes, estas plataformas suelen ser esenciales para acceder a sus mercados.

Y aquí es donde la relación se vuelve especialmente interesante. Google y Apple se encuentran entre las empresas tecnológicas más poderosas del planeta, pero operan dentro de un entorno regulatorio europeo que condiciona cada vez más las condiciones bajo las que funcionan sus ecosistemas. Se adaptan, negocian, cumplen y, en última instancia, trasladan buena parte de la complejidad resultante a las personas que utilizan sus plataformas.

Las empresas tienen recursos para absorber este proceso. El desarrollador independiente no.

La privacidad tiene una excepción bastante incómoda

Lo especialmente interesante es que todo esto está ocurriendo en Europa.

La Unión Europea lleva años presentándose como una de las mayores defensoras de la privacidad digital del mundo. El RGPD se convirtió en una referencia internacional y las instituciones europeas insisten constantemente en la importancia de proteger la información personal frente a exposiciones innecesarias.

Sin embargo, las consecuencias prácticas de determinados requisitos de transparencia comercial pueden generar precisamente el tipo de exposición sobre el que la legislación de privacidad debería hacernos reflexionar.

Un domicilio no es un simple dato administrativo. Identifica una ubicación física. A diferencia de una dirección de correo electrónico o un teléfono comercial, puede indicar a alguien exactamente dónde vive otra persona.

Y una vez que esa información llega a internet, su distribución deja de estar completamente bajo el control de quien la proporcionó originalmente. Los buscadores pueden indexarla, terceros pueden copiarla y los archivos digitales pueden conservarla mucho después de que la información original haya cambiado.

La contradicción no es que la legislación europea sobre privacidad y los requisitos de transparencia comercial sean incompatibles. Evidentemente, pueden coexistir. El problema es que deberían diseñarse conjuntamente, en lugar de tratar la privacidad como una consideración secundaria cada vez que aparece otro objetivo regulatorio.

Hay una diferencia entre exigir responsabilidad a un comerciante y hacer que su vida privada sea innecesariamente accesible.

Me cuesta entender por qué esa distinción debería resultar polémica.

No todo el mundo tiene un departamento jurídico

El problema de las direcciones también pone de manifiesto una cuestión mucho más amplia sobre cómo afecta la regulación digital a los negocios independientes.

Una multinacional y un desarrollador individual pueden operar técnicamente bajo el mismo marco regulatorio, pero su capacidad para cumplirlo es radicalmente diferente.

Una empresa como Google puede tener departamentos jurídicos enteros dedicados al cumplimiento normativo. Puede contratar consultores externos, establecer oficinas en distintas jurisdicciones y distribuir los gastos administrativos entre un negocio que genera miles de millones en ingresos.

Ahora pensemos en alguien que desarrolla una aplicación por su cuenta.

Esa persona puede ser responsable del código, la interfaz, los servidores, la atención al cliente, el marketing, las actualizaciones y todo lo demás que implica mantener un producto. No tiene un departamento jurídico esperando en otra oficina. Si aparece un requisito regulatorio, tiene que entenderlo por sí misma, determinar qué se aplica a sus circunstancias y averiguar cómo cumplirlo.

Esto genera un desequilibrio estructural.

Cada requisito administrativo adicional resta tiempo al desarrollo. Cada gasto adicional hace que comercializar un producto sea ligeramente más difícil. Incluso cuando una obligación individual parece relativamente pequeña, la carga acumulada puede llegar a ser considerable.

Y el problema no se limita a las direcciones residenciales. Tiene que ver con una suposición mucho más amplia: que se pueden imponer los mismos requisitos prácticos a negocios que operan en condiciones completamente distintas sin considerar las consecuencias.

No estoy sugiriendo que los desarrolladores independientes deban estar exentos de regulación. Una pequeña empresa también puede engañar a consumidores, utilizar indebidamente información personal o cometer fraudes. Pero la proporcionalidad debería significar algo.

Aplicar los mismos principios a todo el mundo no equivale necesariamente a tratar a todo el mundo de manera justa.

Imagina que realmente lo consigues

Hay otra dimensión del problema que me preocupa especialmente: las consecuencias de publicar información antes de alcanzar el éxito.

Imaginemos a alguien que empieza a desarrollar una aplicación con dieciséis o diecisiete años. Trabaja en ella después de clase, dedica los fines de semana a corregir errores y poco a poco convierte un pequeño proyecto en algo comercialmente exitoso. Finalmente, la aplicación despega. Consigue miles, quizá millones de usuarios. El desarrollador empieza a generar ingresos importantes y se convierte en un nombre reconocible dentro de su sector.

Ese es el objetivo, ¿no?

Ahora imaginemos que, por el camino, tuvo que publicar su domicilio para cumplir con un requisito de verificación comercial.

En aquel momento, la aplicación era prácticamente desconocida. A nadie le importaba especialmente quién la había desarrollado y la posibilidad de convertirse en un empresario exitoso parecía lejana. Publicar una dirección podía parecer una simple molestia administrativa.

Años después, las circunstancias son completamente diferentes.

El perfil público del desarrollador ha crecido, su situación económica ha cambiado y su trabajo recibe mucha más atención. Alguien podría relacionar su identidad pública con su ubicación residencial y utilizar esa información para fines que no tienen absolutamente nada que ver con la protección del consumidor.

Visitas no deseadas, acoso, estafas o incluso robos se convierten en posibilidades que el desarrollador quizá nunca había considerado cuando publicó inicialmente la información.

Su éxito habría aumentado su visibilidad, mientras que los datos divulgados años atrás podrían facilitar el acceso a su vida privada.

Por supuesto, se trata de un escenario hipotético, no de una afirmación de que todos los desarrolladores exitosos vayan a experimentar estos problemas. Pero ilustra por qué la información personal debería tratarse con cuidado antes de hacerla públicamente accesible.

Internet tiene una característica especialmente incómoda: la información puede sobrevivir a las circunstancias que justificaron su publicación.

Un desarrollador puede cambiar la estructura de su negocio, mudarse o establecer una sede comercial registrada. Eso no garantiza que la información distribuida anteriormente vaya a desaparecer.

La cuestión no es que los negocios exitosos deban poder ocultar su identidad. Es que el sistema debería contemplar la posibilidad de que las circunstancias profesionales y las necesidades de seguridad personal de alguien cambien considerablemente con el tiempo.

Europa quiere soberanía tecnológica. ¿También quiere desarrolladores?

Lo que hace que todo esto resulte todavía más frustrante es el constante discurso de la Unión Europea sobre la soberanía tecnológica.

Bruselas quiere que las empresas europeas compitan con los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos. Quiere más inversión, más innovación, más startups y una economía digital europea más fuerte.

Perfecto. Yo también quiero eso.

Pero ¿de dónde salen exactamente esas empresas?

No aparecen mágicamente con cientos de empleados, millones en financiación y un departamento jurídico. Empiezan con personas. Personas que experimentan con ideas, escriben aplicaciones, construyen productos e intentan convertir algo que han creado en un negocio real.

Así es como crecen los ecosistemas tecnológicos.

Si el camino desde desarrollador independiente hasta empresario legítimo se vuelve innecesariamente complicado, algunas personas simplemente decidirán que no merece la pena. Otras podrían elegir mercados, canales de distribución o jurisdicciones donde establecer un negocio resulte más sencillo.

Y los desarrolladores de software tienen algo especialmente importante en este sentido: movilidad.

Puedes desarrollar una aplicación desde Barcelona, venderla en Estados Unidos y alojar toda su infraestructura en otro lugar. A tus clientes no necesariamente les importa dónde vives, y tu negocio tampoco necesita necesariamente una oficina física tradicional.

Europa no debería asumir que los desarrolladores independientes permanecerán automáticamente dentro de su ecosistema independientemente de las condiciones que establezca.

La soberanía tecnológica no puede consistir simplemente en exigir que las empresas europeas sean más competitivas mientras se dificulta el camino a las personas que podrían construirlas.

Ninguna regulación por sí sola determinará el futuro tecnológico de Europa. Pero la complejidad administrativa, la incertidumbre jurídica y los requisitos de cumplimiento desproporcionados pueden acumularse hasta crear un entorno en el que empezar algo resulte mucho más difícil de lo necesario.

Si Europa realmente quiere competir a escala global, necesita considerar las condiciones en las que surgirá su próxima generación de empresas tecnológicas.

Existe una alternativa mejor

No creo que sea un problema especialmente complicado de abordar.

Las plataformas deberían poder verificar la identidad de los desarrolladores comerciales sin exponer innecesariamente sus domicilios. Los reguladores europeos deberían reconocer que una dirección comercial registrada y la vivienda de una persona no son conceptos intercambiables.

Un contacto comercial verificado, una dirección alternativa adecuada u otro método seguro de comunicación podrían proporcionar a los consumidores formas útiles de contactar con los comerciantes sin exigir que todas las personas que trabajan desde casa hagan pública su residencia.

Esto permitiría mantener los objetivos de transparencia comercial reduciendo al mismo tiempo la exposición innecesaria.

Y, lo que es importante, esto no exige abandonar los objetivos de la Ley de Servicios Digitales. Exige examinar si su implementación práctica tiene sentido para las personas afectadas.

Google tiene recursos suficientes para desarrollar un proceso de verificación más razonable. Apple dispone de la infraestructura necesaria para plantearse cómo gestiona obligaciones similares dentro de su propio ecosistema. Los reguladores europeos tienen capacidad institucional para examinar si sus requisitos generan consecuencias desproporcionadas.

Las posibilidades técnicas no son especialmente difíciles de imaginar. Lo que importa es si las instituciones y empresas implicadas están dispuestas a darles prioridad.

En fin, volvamos a Google Play Console

Ayer abrí un panel de desarrollador esperando ocuparme de las cosas habituales. Actualizaciones, gestión de aplicaciones, información técnica y todas esas tareas relativamente aburridas que forman parte del mantenimiento de software.

En lugar de eso, terminé pensando en regulación europea, privacidad residencial y lo que realmente significa convertirse en un emprendedor tecnológico independiente en Europa.

Menudo desvío para una simple notificación.

Entiendo por qué Google necesita distinguir entre comerciantes y no comerciantes. Entiendo por qué la Unión Europea quiere proteger a los consumidores. Y desde luego no creo que los desarrolladores deban poder operar comercialmente sin ningún tipo de responsabilidad.

Pero hay algo fundamentalmente equivocado cuando una persona que intenta construir un negocio legítimo tiene que plantearse si hacerlo podría exponer su domicilio al público.

Google y Apple tienen suficiente poder para desenvolverse en prácticamente cualquier entorno regulatorio. Tienen abogados, recursos e infraestructura para tratar con Bruselas. Los desarrolladores independientes no disfrutan de ese lujo. Son ellos quienes terminan afrontando las consecuencias, muchas veces sin tener ninguna influencia significativa sobre las decisiones que las han provocado.

Europa no deja de hablar de la próxima generación de empresas tecnológicas. Habla de innovación, emprendimiento e independencia digital.

Quizá debería dedicar un poco más de tiempo a pensar en las personas que supuestamente van a construir todo eso.

Porque si convertirse en un desarrollador exitoso significa tener que elegir entre comercializar tu trabajo y proteger tu propio hogar, algo ha salido muy mal.